Argentina.-Tres mujeres lesbianas murieron y otra se encuentra en estado reservado, después de que un hombre lanzó el pasado 6 de mayo una bomba molotov en la habitación que compartían en el barrio porteño de Barracas, Argentina. El estallido quemó a las cuatro mujeres al instante. Pamela Fabiana Cobas murió minutos después, luego de presentar intensas quemaduras, y su pareja, Mercedes Roxana Figueroa, falleció a los dos días. El pasado 12 de mayo murió Andrea Amarante, quien agonizaba con el 75% de su cuerpo quemado. La indignación por el caso se intensifica este viernes, cuando se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Una vecina de la pensión relató en medios nacionales algunos hechos previos al ataque. Al canal de noticias C5N, dijo que las mujeres eran recurrentemente hostigadas por el atacante y que, para ella, el crimen se produjo “porque las mujeres eran lesbianas y a él no le gustaba (eso)”. La Policía arrestó a un sospechoso de 62 años. La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 14, a cargo del juez Edmundo Rabbione.
CNN intentó obtener declaraciones del magistrado sobre el desarrollo de la causa, pero no ha obtenido respuesta.
Greta Pena, activista de la agrupación 100% Diversidad y Derechos y exinterventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), dijo a CNN que “se está tratando la investigación con mucho hermetismo”, por lo que no es posible saber a ciencia cierta cómo está caratulada al día de hoy.
“La causa tiene que estar caratulada como un crimen de odio. Lo importante es llegar a una condena, pero más aún, el crimen tiene que estar visibilizado como de odio a la diversidad, sumado a la situación de precariedad habitacional en la que vivían las víctimas y el hostigamiento constante. No es un homicidio como cualquier otro, y no lo podemos tomar como un caso aislado”, comentó.
Amnistía Internacional Argentina publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el mismo sentido de que no se trata de un crimen igual a otros.
“Estos delitos tienen nombre propio: son crímenes de odio. Están motivados por la orientación sexual de las víctimas, quienes pertenecen a un colectivo estructuralmente violentado, discriminado y marginalizado”, señaló.
La ley N° 26.791, relativa al femicidio, amplió los agravantes de algunos delitos, tales como homicidio, lesiones y abuso de armas cuando sean cometidos “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT ―dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires―, se entiende como crimen de odio a un “acto voluntario consciente, generalmente realizado con saña, que incluye ―pero no se limita― violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Esta agresión tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, y está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas”.
“En el año 2023 ocurrieron en Argentina 133 crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia contra ellas”, señala el Observatorio.
Desde 1990, cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Esa fecha marca un hito en la historia y defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ, ya que recuerda el día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
Este año, la conmemoración se cruza con este y otros hechos de preocupación en varios países. Hace dos semanas, Iraq aprobó una nueva ley que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta 15 años de prisión. Por otro lado, Perú publicó recientemente un decreto que incluye a lo que denomina como “transexualismo” como “el trastorno de identidad de género en la niñez y otros trastornos de identidad de género”, bajo el inciso de “persona con problema de salud mental”. Colectivos LGBTQ en Perú reaccionaron con críticas ante el decreto, aun cuando el Ministerio de Salud aclaró en un comunicado que la diversidad de género y sexual “no son enfermedades ni trastornos”.
El mensaje del Gobierno
El portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, declaró este lunes en su rueda de prensa matutina en referencia al ataque en la pensión de Barracas.
“A mí no me gusta definirlo como un atentado a este colectivo. Es repudiable sea contra quien sea. No nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares”, dijo.
El vocero del presidente Javier Milei agregó que consideró injusto hablar solo de este hecho puntual porque “la violencia es algo que sufren mujeres y hombres”.
El diputado nacional (Partido Socialista) y expresidente de la Federación Argentina LGBTQ+, Esteban Paulón, criticó este tipo de respuestas en el entorno del gobierno de Milei con respecto al tema.
“Hoy empiezan a aparecer legitimados a nivel global discursos de odio que fueron repudiados por la sociedad en un pasado no tan lejano. En Argentina, estos mensajes se dan en un contexto donde florecen ideas vinculadas a un mal llamado liberalismo o libertarismo que plantea una libertad de expresión total que puede incluir agredir, insultar, denigrar o degradar a cualquier persona o colectivo”, dijo a CNN.
“Las expresiones de odio que se manifiestan actualmente son preocupantes y llevan a hechos como la masacre de las mujeres de Barracas. Estos hechos deberían interpelarnos como sociedad y en lugar de eso estamos debatiendo si merecían o no la muerte”, agregó.
Pena considera que “este episodio simboliza un contexto en donde las máximas autoridades destilan discursos de odio que legitiman estos actos”.
Nicolás Márquez, autor de la biografía autorizada del presidente “Milei, la revolución que no vieron venir”, lanzó expresiones homofóbicas explícitas en una conversación pública la semana pasada.
“Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva (…) y me parece una imprudencia brutal que el Estado esté incentivando una conducta autodestructiva e insana”, dijo Márquez, quien no pertenece al gobierno de Milei.
El gobierno no contestó a CNN el pedido de comentarios sobre estas declaraciones
